Nota: Este resumen fue generado por una herramienta de inteligencia artificial y revisado por el editor y el autor de este artículo.
Entra en vigor el Acuerdo de la ONU sobre la Biodiversidad Más Allá de la Jurisdicción Nacional, un tratado jurídicamente vinculante que regula la gestión sostenible de alta mar y el lecho marino internacional, cubriendo más de dos tercios de la superficie oceánica. Ratificado por 81 países, incluyendo China, Alemania y Francia, busca cerrar vacíos legales y enfrentar la crisis climática y de biodiversidad. Potencias como EE.UU., India y Rusia aún no lo han ratificado. Su éxito dependerá de la implementación y de futuras adhesiones.
El Acuerdo sobre la Biodiversidad Más Allá de la Jurisdicción Nacional entra en vigor tras dos décadas de negociaciones. Varios países de América Latina ya lo ratificaron, mientras Argentina lo firmó pero aún no completó el proceso.
Tras casi dos décadas de negociaciones, un acuerdo internacional histórico para proteger la vida marina en aguas internacionales y el lecho marino entrará en vigor este sábado. Conocido oficialmente como el Acuerdo sobre la Biodiversidad Más Allá de la Jurisdicción Nacional, este tratado de la ONU es el primer instrumento jurídicamente vinculante que contempla una gobernanza oceánica inclusiva, con disposiciones sobre la participación de los pueblos indígenas y las comunidades locales.
El acuerdo cubre las zonas oceánicas que se encuentran fuera de las aguas nacionales (alta mar) y el área internacional de los fondos marinos, regiones que conforman más de dos tercios de la superficie del océano y representan más del 90% del hábitat de la Tierra en términos de volumen. Su objetivo es transformar estos espacios en un entorno gestionado de manera sostenible en beneficio de toda la humanidad.
El tratado refuerza y complementa el marco jurídico establecido por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, vigente desde 1994. Según Mzee Ali Haji, el diplomático tanzano que encabezó las negociaciones de su país, el acuerdo representa un gran avance: “Todos deben tener en cuenta que ahora existe control sobre la actividad en la alta mar. Por ejemplo, cuando se contamina, se es responsable de los propios actos”. El texto aborda lagunas de la Convención, alinea la gobernanza oceánica con desafíos modernos como el cambio climático y se espera que contribuya a enfrentar la triple crisis planetaria: cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación.
La entrada en vigor se produce 120 días después de haber sido ratificado por al menos 60 países. Hasta el momento, 81 naciones han completado el proceso, incluyendo economías influyentes como China, Alemania, Japón, Francia y Brasil. China, un actor crucial con exportaciones de unos 155.000 millones de dólares en bienes relacionados con el océano en 2023, tiene un impacto significativo en industrias como la construcción naval, la pesca y la energía marítima.
Sin embargo, algunas potencias aún no han ratificado el tratado. Estados Unidos, que adoptó el acuerdo en 2023 pero no lo ha ratificado, es uno de los cinco principales exportadores de bienes oceánicos (61.000 millones de dólares) y su Senado no ha actuado al respecto. India, que lo adoptó en 2024, tiene pendiente la legislación nacional para su ratificación. El Reino Unido presentó legislación en 2025 pero aún no la ha ratificado. Rusia se mantiene como uno de los pocos países que no ha adoptado ni ratificado el tratado, argumentando su deseo de preservar los marcos de gobernanza existentes y garantizar la libertad de navegación.
A pesar de las ausencias, Mzee Ali Haji se muestra optimista: “Los países en desarrollo y los pequeños Estados insulares necesitan apoyo. Esperamos que, en el futuro, otros acepten este acuerdo, porque les ayudará. La protección de la alta mar es responsabilidad de todos nosotros”. La puerta permanece abierta para nuevas ratificaciones.
El éxito del tratado dependerá de su implementación efectiva y de la acción contra quienes incumplan las normas. Según el texto del acuerdo, la primera reunión para supervisar los avances deberá celebrarse a más tardar un año después de su entrada en vigor. Este mecanismo será clave para transformar el marco legal en una protección tangible para los ecosistemas marinos globales.
En el contexto de América Latina y el Caribe, varios países de la región han jugado un papel activo en el proceso de firma y ratificación del Acuerdo sobre la Biodiversidad Más Allá de la Jurisdicción Nacional (BBNJ). Chile fue pionero en ratificar formalmente el tratado, y otros países como Cuba, México, Panamá, Costa Rica y Belice también han depositado sus instrumentos de ratificación ante la ONU, contribuyendo al umbral mínimo necesario para que el acuerdo entre en vigor. Además, varias naciones del Caribe como Barbados, Santa Lucía y Dominica, han ratificado el tratado, lo que fortalece el respaldo regional a un marco global de conservación oceánica más ambicioso.
En cambio, en Argentina y otras importantes economías latinoamericanas como Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay, el acuerdo ha sido firmado pero aún no ratificado por sus respectivos gobiernos en la sede de Naciones Unidas. Esa diferencia entre firma y ratificación es clave: la firma indica voluntad política, pero solo la ratificación obliga jurídicamente al Estado a cumplir con las normas del tratado en su legislación y práctica internacional. En particular para Argentina, con una extensa plataforma marítima en el Atlántico Sur, la ratificación y una estrategia de implementación efectiva podrían ser pasos relevantes para alinear la política oceánica nacional con compromisos ambientales globales, aunque por ahora eso sigue pendiente.
Comentarios (0)
Inicia sesión para comentar
Iniciar SesiónNo hay comentarios. ¡Sé el primero en comentar!