CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO — La presidenta Claudia Sheinbaum declaró durante su conferencia de prensa matutina que el gobierno mexicano está considerando acciones legales contra Elon Musk, dueño de la red social X y considerado el hombre más rico del mundo, luego de que este la acusara en una publicación de actuar bajo órdenes de jefes de carteles del narcotráfico.
Musk publicó en X que Sheinbaum “solo está diciendo lo que sus jefes del cartel le dicen que diga”, en respuesta a un video de 2025 donde la mandataria descartó regresar a una guerra frontal contra las drogas como opción de política de seguridad. La declaración del empresario se dio en el contexto del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, y no incluyó evidencia que respaldara la acusación.
Sheinbaum calificó las imputaciones como “absurdas”, “ridículas” y “sin fundamento”, afirmando que “este absurdo del narcogobierno... si antes era un absurdo decirlo, ahora más. Se cae por sí solo decirlo. No saben ni qué inventar, la verdad. Da hasta risa leerlos”. Agregó que prioriza “lo que dice el pueblo, la verdad” por encima de las críticas externas.
La mandataria precisó que los abogados del gobierno revisan el caso: “Estamos considerando si hacemos algún asunto legal. Lo están viendo los abogados”. No confirmó el inicio de una demanda ni detalló el tipo de acción posible, como una querella por difamación, ni el ámbito jurisdiccional (México o Estados Unidos), donde las protecciones a la libertad de expresión complicarían una eventual demanda por difamación contra Musk, según analistas citados en reportes internacionales.
Sheinbaum defendió el desempeño de su administración y de las Fuerzas Armadas, insistiendo en que “regresar a la guerra contra las drogas no es una opción” y que tales medidas estarían fuera del marco legal.
Posteriormente, Musk reaccionó con ironía en X a la posibilidad de acciones legales, mencionando una supuesta violación a sus derechos humanos, aunque sin mayor detalle.
Varias fuentes internacionales y mexicanas coinciden en que no se ha iniciado ninguna acción formal hasta el momento; el tema permanece en etapa de evaluación jurídica.











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