Por una diferencia mínima de votos, el Parlamento Europeo ha decidido este miércoles detener el avance del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y el Mercosur, derivándolo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). La moción, aprobada con 334 votos a favor, 324 en contra y once abstenciones, busca un dictamen sobre la compatibilidad del texto con los tratados europeos, lo que prácticamente congela la ratificación.
La medida se produce apenas cuatro días después de la firma oficial del pacto en Asunción, Paraguay, tras más de un cuarto de siglo de negociaciones. El proceso de ratificación, que ahora queda suspendido a la espera del pronunciamiento judicial, podría retrasar la entrada en vigor del tratado hasta 24 meses, según los plazos habituales del TJUE. El tribunal, sin embargo, ha señalado que mantiene un “control total” sobre sus procedimientos y que “puede, cuando las circunstancias lo requieran, dar prioridad” a este tipo de solicitudes.
La principal disputa legal que los eurodiputados quieren que analicen los jueces es el llamado “mecanismo de reequilibrio”, una cláusula que habilita a los países del Mercosur a solicitar compensaciones si consideran que alguna legislación europea perjudica a sus exportaciones. Para sus críticos, esta disposición choca con la autonomía regulatoria de la UE para legislar en ámbitos como el medioambiental o el de salud pública.
Manon Aubry, copresidenta del grupo de la Izquierda, celebró el resultado y advirtió: “Todo intento del Consejo o de la Comisión Europea por impulsar una aplicación provisional equivaldría a otro escándalo democrático, mientras que los agricultores llevan meses protestando contra este acuerdo”. Por su parte, Saskia Bricmont, eurodiputada de los Verdes, declaró: “Esta votación envía un claro mensaje a la Comisión y al Consejo: Europa no puede seguir sacrificando a sus agricultores, su salud y su clima ante el altar del libre comercio”.
Desde el sector agrícola, la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos calificó la decisión como una “pequeña victoria”. Para su coordinador estatal, Luis Cortés, significa que “la movilización funciona”.
La Comisión Europea, por el contrario, lamentó la decisión parlamentaria. Su portavoz, Olof Gill, argumentó que las preocupaciones de los eurodiputados ya habían sido abordadas previamente. “Según nuestro análisis, las cuestiones planteadas por el Parlamento Europeo en esta moción no están justificadas porque la Comisión Europea ya las ha abordado de manera muy profunda”, dijo.
Desde el Partido Popular Europeo, el portavoz comercial Jörgen Warborn criticó la medida, considerando que responde a motivos “políticos” y es un intento de “bloquear un acuerdo que Europa necesita con urgencia”. Warborn había sostenido previamente que llevar el acuerdo ante la Justicia sería un “movimiento político para retrasar” un tratado cuyo impacto económico positivo, según él, superaría con creces el efecto de las amenazas arancelarias externas.
Aunque la Comisión podría proceder a una aplicación provisional del capítulo comercial una vez que al menos un país del Mercosur lo ratifique, este camino parece políticamente complejo, dado el rechazo de varios Estados miembros, encabezados por Francia. Mientras, se espera que el Consejo Europeo discuta el asunto en una cumbre de emergencia este jueves, en un contexto de creciente tensión comercial internacional.
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