En Venezuela, cientos de personas están modificando la forma en que usan sus celulares por temor a que agentes de seguridad revisen sus conversaciones, según testimonios recopilados por medios internacionales. Tras la crisis política que siguió a la captura del expresidente Nicolás Maduro en un operativo militar de Estados Unidos, los controles policiales y militares, han incluido cada vez más la revisión de teléfonos móviles en busca de contenido político, denuncian ciudadanos consultados.
Mensajes que circulan en grupos familiares reflejan este clima de cautela: “Borra las conversaciones antes de salir”, “Mami, delete the chats” o “Eso queda grabado” son algunas de las advertencias que familiares y amigos se dan entre sí. Muchos venezolanos evitan nombrar líderes políticos, emplean lenguaje en clave y borran constantemente mensajes de WhatsApp y otras aplicaciones de mensajería para reducir riesgos.
La situación, aunque agudizada recientemente, no es completamente nueva. Controles rutinarios en rutas y calles de Caracas y otras zonas del país ya estaban presentes desde hace tiempo, pero varios testimonios señalan que en las últimas semanas el número de revisiones, la duración de los procedimientos y la práctica de examinar los contenidos de los teléfonos se han intensificado. Es común que quienes son detenidos para un control sean interrogados sobre sus opiniones políticas o presuntas afinidades, y que se les pida la clave del teléfono para que los agentes puedan buscar palabras clave relacionadas con política o figuras públicas.
Venezolanos que vivieron estas experiencias describen revisiones que duran hasta una hora, durante las cuales se revisan mensajes, fotos y otros contenidos, incluso aquellos con referencias aparentemente inocuas. Algunos entrevistados por CNN relatan que esta práctica ha influido en su comportamiento cotidiano: abandonaron grupos de WhatsApp, borran chats y limitan sus salidas por miedo a encontrarse con otro puesto de control.
La revisión de teléfonos con mensajes políticos ha generado críticas y preocupaciones sobre la protección de la privacidad, especialmente porque la Constitución de Venezuela garantiza la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, salvo por orden judicial. Sin embargo, muchos ciudadanos aseguran que estas garantías no siempre se respetan y que en la práctica se sienten vulnerables ante los procedimientos de seguridad.
Organizaciones civiles y defensores de los derechos humanos han difundido recomendaciones para quienes enfrentan este tipo de controles, como pedir que se muestre una orden judicial válida antes de permitir la revisión de un dispositivo y anotar el nombre del funcionario si no hay mandato legal. También sugieren intentar contar con testigos presentes y mantener cifrados los datos del teléfono para proteger la privacidad.
Los venezolanos que emigraron también se mantienen alerta: familiares fuera del país cuentan que reciben instrucciones de evitar temas políticos en las comunicaciones y de usar expresiones cifradas para minimizar riesgos, incluso si ello implica sacrificar la espontaneidad de sus conversaciones diarias.
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