La investigación por la muerte del soldado que prestaba servicio en la Quinta Presidencial de Olivos sumó en las últimas semanas elementos que reconfiguraron el caso. Lo que en diciembre de 2025 fue abordado como un suicidio con arma reglamentaria pasó a ser analizado en el marco de una maniobra de extorsión digital que habría afectado de manera directa a la víctima en los días previos a su fallecimiento.
El hecho ocurrió dentro del predio presidencial, donde el soldado cumplía tareas de custodia. Las primeras pericias confirmaron que murió a causa de un disparo efectuado con su propia arma, sin indicios de intervención de terceros en el lugar. La causa quedó en manos de la Justicia federal, que avanzó sobre el contexto personal y las comunicaciones recientes del joven.
A partir del análisis de dispositivos electrónicos y testimonios incorporados al expediente, los investigadores detectaron que el soldado estaba siendo extorsionado a través de una aplicación de citas llamada Evermatch. El contacto inicial se habría dado mediante un perfil falso, que luego derivó en mensajes intimidatorios y en la exigencia de transferencias de dinero bajo la amenaza de una supuesta denuncia penal.
Según lo reconstruido en la causa, la maniobra incluía la participación de distintas identidades ficticias, entre ellas una persona que se presentaba como familiar de la supuesta víctima de un delito inexistente. El objetivo era generar presión emocional y urgencia, combinando datos verosímiles con información falsa para convencer al soldado de que enfrentaba consecuencias legales inminentes.
Las pesquisas judiciales permitieron establecer que la extorsión no fue un hecho aislado. La Justicia identificó a siete personas detenidas en la Unidad Penitenciaria N.º 36 de Magdalena como integrantes de la banda que habría llevado adelante la maniobra. De acuerdo con la investigación, los internos utilizaban teléfonos celulares ilegales para comunicarse con las víctimas y coordinar las extorsiones.
La operatoria incluía también la intervención de contactos fuera del penal, que cumplían funciones logísticas vinculadas al cobro del dinero y al sostenimiento del engaño. Esta estructura mixta, con roles dentro y fuera de la cárcel, es uno de los puntos que la causa busca esclarecer para determinar responsabilidades penales y eventuales fallas en los controles penitenciarios.
En paralelo a la investigación judicial, el caso puso el foco en la aplicación de citas utilizada para iniciar el contacto. Evermatch es una plataforma que permite crear perfiles y establecer conversaciones con otros usuarios sin mecanismos estrictos de verificación de identidad. Especialistas en seguridad digital advierten que este tipo de entornos puede ser aprovechado por estafadores para construir relatos falsos y captar información sensible de las víctimas.
No hay, hasta el momento, imputaciones ni acusaciones formales contra la empresa responsable de la aplicación. Las investigaciones y los análisis publicados señalan que el problema no radica necesariamente en la herramienta tecnológica en sí, sino en el uso delictivo de perfiles falsos y en la ausencia de controles robustos que dificulten ese tipo de maniobras.
Con los nuevos elementos incorporados, la causa avanzó con allanamientos y detenciones de los presuntos responsables de la extorsión. La Justicia busca establecer el grado de incidencia que tuvo la presión ejercida por la banda en el estado emocional del soldado y si existieron otros episodios similares con distintas víctimas.
El expediente continúa abierto, con líneas de investigación orientadas tanto al funcionamiento de la red de extorsión como a las condiciones que permitieron que este tipo de delitos se cometieran desde el interior de un establecimiento penitenciario.











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