¿Puede un cable submarino costarle a Chile la Visa Waiver con Estados Unidos?

En 48 horas, Chile firmó y anuló una concesión que sacudió su relación con Washington. El 20 de febrero de 2026, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, firmó un decreto que habilitaba el tendido del cable submarino Chile-China Express (CCE), un enlace de fibra óptica de casi 20.000 kilómetros que conectaría Valparaíso con Hong Kong. Dos días después, el decreto fue anulado administrativamente. Lo que ocurrió en el medio fue mucho más que una formalidad burocrática.

El gobierno de Estados Unidos revocó las visas de tres funcionarios chilenos, incluido el propio ministro Muñoz y el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya. La justificación oficial: sus acciones comprometían la seguridad regional. Y desde Washington empezó a sonar una advertencia de mayor alcance: el futuro del programa de exención de visas (Visa Waiver) que permite a los chilenos ingresar a Estados Unidos sin visa podría estar en discusión.

Para entender por qué un cable submarino puede derivar en una crisis diplomática de esa magnitud, hay que comprender cómo funciona realmente la infraestructura física de Internet, y por qué en el mundo actual, esa infraestructura es sinónimo de poder.

Lo que viaja por el fondo del océano

Cuando alguien en Santiago hace una videollamada con alguien en Shanghái, o cuando una empresa envía datos financieros desde Buenos Aires a Tokio, esa información no viaja por satélite. Viaja por cables de fibra óptica tendidos en el fondo del océano, a miles de metros de profundidad.

Más del 95% del tráfico de datos internacional circula por estos cables. Son la columna vertebral real de Internet: no la nube, no los satélites, sino delgados tubos de vidrio protegidos por capas de polietileno y acero, depositados en el lecho marino.

El cable Chile-China Express prometía velocidades de hasta 16 terabits por segundo por fibra. Para dimensionarlo: equivale a transferir más de 3.000 películas en alta definición cada segundo. O los datos de toda la población de Argentina en cuestión de minutos.

Un cable moderno puede tener entre dos y cuatro pares de fibras, lo que multiplicaría esa capacidad varias veces. Eso no es solo velocidad: es la cantidad de información que fluye, quién la envía, adónde va, cuándo y con qué frecuencia. Eso, en términos de inteligencia estratégica, vale tanto como el contenido mismo.

Hoy, Chile depende casi exclusivamente de cables que conectan con Estados Unidos. El proyecto Chile-China Express prometía diversificar esa dependencia, creando una ruta directa hacia Asia. Es un argumento técnicamente válido. El problema está en quién controlaba esa ruta.

El problema no es el cable. Es el dueño.

Los impulsores del proyecto son China Mobile International, junto a otras empresas chinas del sector como China Unicom Global y China Telecom. Técnicamente, el cable puede ser tan seguro como cualquier otro. El cifrado, los estándares de operación, la ingeniería submarina, todos esos aspectos pueden certificarse y auditarse.

Lo que no se puede certificar es el entorno legal en el que opera el administrador del cable.

En 2017, China promulgó la Ley de Inteligencia Nacional. Su artículo 7 establece que organizaciones y ciudadanos chinos deben 'apoyar, asistir y cooperar' con el trabajo de inteligencia del Estado cuando se les requiera. Eso significa que si una autoridad china solicita colaboración a China Mobile, la empresa no puede negarse legalmente, ni necesariamente informar a terceros sobre esa cooperación.

El riesgo no es que el cable espíe por defecto. El riesgo es estructural: ¿qué pasa si el operador recibe una orden que no puede rechazar?

Eso abre vulnerabilidades concretas: acceso a metadatos (quién se comunica con quién, cuándo, desde dónde), posibilidad de duplicación de tráfico en estaciones de aterrizaje, manipulación de rutas o priorización de datos, e inserción de actualizaciones de firmware en equipos críticos sin supervisión externa.

Para ser justos, Estados Unidos también tiene legislación que obliga a empresas a cooperar con inteligencia: la Ley FISA y la CLOUD Act son ejemplos. Pero la diferencia clave, según Washington, es que esas leyes operan dentro de un sistema de alianzas y marcos de cooperación judicial que los países de la OTAN y aliados del Pacífico consideran mutuamente aceptables. Con China no existe ese nivel de confianza institucional.

Un antecedente africano que no es un mito, pero tampoco es una certeza

Para entender la magnitud del riesgo percibido, vale recordar lo que ocurrió en 2018 en Etiopía. En 2012, China financió y construyó la sede de la Unión Africana en Addis Abeba, un complejo valuado en unos 200 millones de dólares, entregado como símbolo de cooperación sino-africana.

Seis años después, el diario francés Le Monde publicó que entre 2012 y 2017 se detectó tráfico de datos inusual en los sistemas del edificio: información que supuestamente era transferida a servidores en Shanghái. También se habrían encontrado dispositivos de escucha incrustados en paredes y muebles instalados durante la construcción.

China rechazó las acusaciones como 'absurdas'. La propia Unión Africana negó evidencia de espionaje sistemático. No hay una investigación independiente publicada ni inteligencia desclasificada que pruebe el hecho de manera concluyente.

Pero lo que sí ocurrió después es revelador: la Unión Africana decidió reemplazar sus servidores y reforzar su infraestructura digital. No porque el espionaje estuviera probado, sino porque el riesgo percibido fue suficiente para tomar medidas. En infraestructura crítica, a veces la percepción del riesgo importa tanto como el riesgo real.

¿Por qué ahora y por qué solo con China?

Esta no es la primera vez que Estados Unidos bloquea un cable vinculado a empresas chinas. En 2020, vetó el proyecto Pacific Light Cable Network, que conectaría EE.UU. con Hong Kong. La diferencia no es la tecnología. Es la geopolítica.

No se trata de discriminación técnica. Se trata de competencia sistémica. China no es solo un proveedor tecnológico: es un competidor estratégico en estándares digitales, gobernanza de datos e infraestructura global. Bajo esa lógica, cada activo de infraestructura crítica se analiza como una pieza de influencia estructural, no como un simple negocio.

El embajador estadounidense en Chile, Brandon Judd, lo dijo explícitamente:

'Los datos seguros son fundamentales para afrontar juntos los desafíos regionales'.

Y fue más allá, cuestionando la necesidad del cable: Chile ya cuenta con el Cable Humboldt, un proyecto en marcha con Google que conectará Valparaíso con Australia, con una capacidad de 144 terabytes por segundo y operativo en 2027. Para Washington, el Chile-China Express no solo era un riesgo, era un cable redundante bajo control chino.

La Visa Waiver: la amenaza más cercana para los ciudadanos

El Programa de Exención de Visas (Visa Waiver Program) permite a los ciudadanos de ciertos países ingresar a Estados Unidos sin visa por hasta 90 días. Chile forma parte del programa desde 2014. Perderlo tendría consecuencias directas para turistas, estudiantes, ejecutivos y profesionales. El programa tiene requisitos concretos: bajos índices de rechazo de visas, cooperación en intercambio de información de seguridad, control documental confiable. Estados Unidos puede retirarlo si considera que un país no cumple esos estándares. Ya lo hizo con Rumania en 2025.

En el caso chileno, la situación tiene dos dimensiones. Por un lado, hay críticas previas no relacionadas al cable: autoridades judiciales estadounidenses han señalado que ciudadanos chilenos han explotado el programa para ingresar y cometer delitos, especialmente robos, aprovechando un vacío en el intercambio de antecedentes penales. Por otro lado, la tensión por el cable introduce un factor nuevo: la percepción de que Chile no prioriza la seguridad digital compartida en su toma de decisiones. Eso no es automáticamente causal para perder la Visa Waiver, pero sí afecta el clima de confianza bilateral que el programa requiere para sostenerse.

Autoridades chilenas han dicho que no ven una razón técnica para que se suspenda la Visa Waiver por el caso del cable. Eso puede ser correcto hoy. Pero la advertencia está sobre la mesa. La Visa Waiver no se pierde por un decreto aislado. Pero tampoco se mantiene solo porque los criterios técnicos se cumplan: también depende de que la relación bilateral esté en buen estado, y esa relación acaba de sufrir su peor momento en años.

Lo que esto significa para Sudamérica

Chile no toma esta decisión en el vacío. Argentina, Brasil, Perú y otros países de la región también evalúan inversiones chinas en infraestructura: puertos, cables, redes 5G, centros de datos. Lo que le pasó a Chile es un aviso para toda la región. Pero para entender por qué, hay que entender primero por qué este cable no es un cable de datos más.

En la mayoría de los países, una empresa de telecomunicaciones opera bajo marcos legales que limitan el acceso del Estado a los datos que circulan por su infraestructura. Hay procesos judiciales, órdenes de un juez, tratados internacionales que regulan el intercambio. En China, esa lógica está invertida. La Ley de Inteligencia Nacional de 2017 pone al Estado por encima de las empresas: si el gobierno chino solicita cooperación a China Mobile, a Huawei o a cualquier operador estratégico, esa empresa no puede negarse. No hay instancia judicial que lo frene. No hay obligación de notificar a terceros. No hay recurso legal externo que lo limite.

Eso convierte a cualquier infraestructura operada por empresas chinas en una categoría distinta, no por la tecnología que usan, sino por el régimen legal bajo el cual operan. Un cable puede ser técnicamente impecable y al mismo tiempo estar sujeto a una orden de cooperación que su operador no puede rechazar ni revelar.

El problema se amplifica cuando se entiende que un cable submarino no transporta solo datos del país donde aterriza. Transporta tráfico regional simultáneamente. Cuando Argentina comparte información con Chile, ya sea en cooperación policial con Interpol o fuerzas nacionales, en coordinación entre bancos centrales, o en acuerdos de inteligencia regional, ese tráfico viaja por la misma infraestructura. Un gobierno que habilita un cable con control operativo opaco no decide solo sobre sus propios datos: decide, indirectamente, sobre los datos de sus vecinos. Eso convierte la soberanía digital en un asunto colectivo, no individual. Y plantea una pregunta incómoda para toda la región: ¿qué garantías tiene un gobierno de que su información compartida no será accesible para un tercer Estado con el que no tiene acuerdos ni confianza?

La misma lógica explica por qué la presión de Estados Unidos no es solo geopolítica. Cuando Washington interviene, no defiende únicamente sus propios intereses: defiende la integridad de los datos que comparte con decenas de países bajo acuerdos de cooperación migratoria, policial e inteligencia. La Visa Waiver no es solo un beneficio para turistas: es un sistema de confianza cruzada que depende de que la infraestructura por donde circula esa información no esté expuesta a terceros sin acuerdos. Si esa infraestructura queda bajo el control de un operador obligado por ley a cooperar con su propio gobierno, toda la cadena de confianza se rompe.

La solución no es cerrarle la puerta a China. Es establecer reglas definidas y claras: control operativo compartido, auditorías técnicas por actores independientes, supervisión regulatoria y diversificación de rutas para no crear dependencias unilaterales. Sin embargo, hay una limitación estructural que ningún marco regulatorio resuelve por sí solo: mientras la Ley de Inteligencia Nacional china obligue a sus empresas a cooperar con el Estado sin posibilidad de negarse ni de notificar a terceros, las reglas reglas definidas y claras son condición necesaria pero no suficiente. Por eso la clave no está solo en regular, sino en asegurarse de que el control operativo nunca quede en manos de un único actor sujeto a ese régimen legal. La diversificación no es solo una recomendación técnica: es la única garantía estructural disponible."

Nota del editor: Este artículo se basa en información disponible hasta febrero de 2026. El proyecto Chile-China Express se encuentra en revisión y no hay autorización activa ni construcción en curso. El caso de la Unión Africana no cuenta con evidencia pública concluyente de espionaje estatal chino; fue incluido como antecedente de riesgo percibido con consecuencias documentadas.