Santa Fe. - Después de casi una semana de reclamos y movilizaciones, el gobierno de Santa Fe y sectores de la Policía provincial alcanzaron un acuerdo salarial que puso fin a la protesta que tuvo su punto más visible en el sirenazo frente a la Jefatura de Rosario.
El conflicto se había iniciado días atrás por demandas vinculadas a la recomposición de haberes y condiciones laborales. Con el correr de la semana, el malestar se tradujo en concentraciones de efectivos, presencia de patrulleros con sirenas activadas y cortes parciales en calles del microcentro rosarino, lo que generó preocupación en el ámbito político y en sectores de la sociedad.
La protesta tuvo su momento de mayor exposición durante el segundo y tercer día del sirenazo, cuando decenas de móviles permanecieron estacionados con balizas y sirenas encendidas frente a la sede policial. La manifestación incluyó la participación de efectivos en actividad, retirados y familiares, en un contexto de creciente tensión interna.
En respuesta al reclamo, el gobernador Maximiliano Pullaro anunció la firma de un decreto que fija un salario básico mínimo de $1.350.000 para el personal policial. Según lo informado oficialmente, la medida apunta a garantizar una recomposición que permita mejorar el poder adquisitivo de los agentes en el actual escenario económico.
El Ejecutivo provincial sostuvo que el incremento se formalizó mediante decreto con el objetivo de dar una respuesta concreta e inmediata, y desactivar así la protesta. Además, se detalló que con adicionales y complementos salariales, los ingresos finales de los efectivos operativos superarían esa base mínima establecida.
Tras la confirmación de la medida, los manifestantes comenzaron a retirarse de la zona de la Jefatura y se levantaron los cortes parciales que habían afectado la circulación en el centro rosarino. Con ello, la protesta quedó formalmente desactivada.
El conflicto se extendió durante casi una semana, aunque el sirenazo sostenido frente a la Jefatura fue el episodio más visible y disruptivo. Durante esos días, el gobierno provincial monitoreó la situación para evitar que la tensión afectara la operatividad general de la fuerza en el territorio santafesino.
Con el acuerdo firmado y la normalización progresiva del servicio, el Ejecutivo busca cerrar un episodio que expuso el malestar salarial dentro de la fuerza y abrió un debate sobre la estructura de ingresos del personal policial en la provincia.
Imagen de portada: Análisis Digital.
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