Nota: Este resumen fue generado por una herramienta de inteligencia artificial y revisado por el editor y el autor de este artículo.
Guatemala decretó estado de sitio por 30 días tras una ofensiva violenta de la pandilla Barrio 18, que incluyó motines en tres cárceles y ataques coordinados que dejaron 10 policías muertos. Los ataques fueron presuntamente ordenados desde prisión por el líder Aldo "El Lobo" Dupie. La PNC capturó a 19 presuntos pandilleros. Barrio 18, originada en Los Ángeles en los años 60 y expandida por deportaciones, es la mara más numerosa de Guatemala con unos 22.000 miembros y se financia principalmente mediante extorsión. La presidenta de México ofreció apoyo respetando la soberanía guatemalteca.
El gobierno de Bernardo Arévalo decretó 30 días de emergencia tras una ofensiva coordinada desde las cárceles por la mara Barrio 18, que dejó una decena de agentes muertos y evidenció el poder de las pandillas.
Guatemala enfrenta una grave crisis de seguridad luego de que la pandilla Barrio 18 ejecutara una ofensiva violenta que incluyó motines en tres cárceles y una serie de ataques contra la Policía Nacional Civil (PNC), resultando en el asesinato de diez agentes. En respuesta, el presidente Bernardo Arévalo decretó un estado de sitio por 30 días, medida que restringe garantías constitucionales y otorga mayores facultades a las fuerzas de seguridad.
La escalada comenzó el sábado, cuando reclusos vinculados a Barrio 18 tomaron el control de tres centros penitenciarios, incluido el Centro de Detención de Máxima Seguridad Renovación I, y tomaron como rehenes a 43 guardias. Las autoridades indican que los amotinados exigían privilegios carcelarios y concesiones políticas. Tras operativos para recuperar las prisiones, la pandilla lanzó una ola de ataques en represalia, principalmente en la Ciudad de Guatemala y sus alrededores, que dejó un saldo de diez policías fallecidos y varios heridos en estado crítico, algunos con amputaciones.
Entre las víctimas fatales se encuentran los agentes José Efraín Revolorio (25 años), Claudia Muñoz Ramos (28), Diana Chávez Alarcón (28) y William Medrano Pernillo (26), cuyos restos fueron homenajeados en un acto en el Ministerio del Interior. El ministro del Interior, Marco Villeda, afirmó que los crímenes no quedarán impunes.
Las investigaciones apuntan a que la ofensiva fue dirigida desde la prisión por Aldo Dupie Ochoa, alias "El Lobo", considerado el máximo líder de Barrio 18 en Guatemala. Dupie, de 41 años, cumple una condena de 1.670 años por asesinato, secuestro y otros delitos, pero desde su celda mantendría el control operativo de la mara. La PNC informó la captura de al menos 19 presuntos miembros de Barrio 18, entre ellos individuos identificados como "Barbas" y "Pinky", a quienes se les atribuye la planificación de los ataques. En allanamientos se decomisaron armas, granadas, motocicletas y vehículos.
Contexto histórico y poder actual de Barrio 18
Barrio 18 es una pandilla trasnacional cuyo origen se remonta a la década de 1960 en el este de Los Ángeles, Estados Unidos, formada por jóvenes de ascendencia mexicana en la Calle 18. Su expansión a Centroamérica se produjo en los años 90 a través de las deportaciones masivas de migrantes con antecedentes pandilleros. En Guatemala, la mara se consolidó con fuerza, estableciendo su principal bastión en la Zona 18 de la capital, una de las áreas más pobladas y marginales del país.
Se estima que Barrio 18 cuenta con unos 22.000 miembros en Guatemala, frente a los aproximadamente 10.000 de su rival histórica, la Mara Salvatrucha (MS-13). Ambas están declaradas como organizaciones terroristas por los gobiernos de Guatemala y Estados Unidos. Su principal fuente de financiamiento es la extorsión sistemática a pequeños y medianos comerciantes, un delito del que se registran más de 1.200 denuncias mensuales, aunque se cree que la cifra real es muy superior debido al alto subregistro.
La actividad de estas maras contribuye significativamente a los índices de violencia en el país. En 2025 se registraron 3.022 homicidios en Guatemala, un 5% más que el año anterior, situándolo a la cabeza de Centroamérica en muertes violentas. Aproximadamente el 85% de estos crímenes se cometieron con arma de fuego.
El decreto de estado de sitio, que debe ser ratificado por el Congreso en los próximos tres días, permite a las fuerzas de seguridad realizar detenciones sin orden judicial y restringir reuniones y la libre circulación. Pese a la medida, la vida cotidiana en la capital continuó este lunes con relativa normalidad, aunque con menor movilidad debido al cierre de escuelas y al teletrabajo implementado por algunas empresas.
A nivel regional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ofreció apoyo a su homólogo guatemalteco, aclarando que se haría con "respeto" a la soberanía del país y sin despliegue de fuerzas en la frontera. Este gesto contrasta con su rechazo público a intervenciones militares estadounidenses en territorio mexicano.
La crisis actual evidencia los profundos desafíos del sistema penitenciario y judicial guatemalteco, donde líderes pandilleros continúan dirigiendo operaciones criminales desde celdas de máxima seguridad, frecuentemente gracias a la corrupción que permite el ingreso de teléfonos celulares y otros medios de comunicación.
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