Perú.- El gobierno de Perú, anunció la implementación de nuevas medidas en el sistema penitenciario que obligarán a los internos a raparse el cabello y utilizar uniforme. La iniciativa fue presentada como parte de un endurecimiento del régimen carcelario inspirado en esquemas de máxima seguridad, en una línea similar a modelos aplicados recientemente en otros países de la región, como el centro penitenciario de El Salvador conocido como Cecot.
La decisión se conoce tras un período en el que Perú registró niveles de violencia inéditos en su historia reciente. Durante 2025, las autoridades reportaron más de 2.200 homicidios, con un crecimiento significativo de delitos asociados al crimen organizado, como extorsiones, sicariato y amenazas vinculadas a mafias locales y transnacionales. La inseguridad se consolidó como una de las principales preocupaciones sociales, especialmente en zonas urbanas.
Uno de los fenómenos que más presión generó sobre el Estado fue el incremento de las extorsiones, que afectaron a transportistas, comerciantes y pequeños empresarios, particularmente en Lima y en regiones del norte del país. Las denuncias se multiplicaron, mientras que las tasas de resolución judicial permanecieron bajas, alimentando la percepción de impunidad.
El Ejecutivo planteó una reforma del sistema penitenciario orientada a reforzar el control interno de las cárceles. Entre las medidas anunciadas figuran el uso obligatorio de uniforme, el rapado de cabello, una reclasificación de internos por nivel de peligrosidad y mayores restricciones en la dinámica diaria dentro de los penales. El objetivo declarado es mejorar las condiciones de seguridad y salubridad, y reducir la capacidad de organización criminal desde el interior de las prisiones.
Las autoridades también señalaron que el sistema carcelario enfrenta problemas estructurales de hacinamiento y control, y que las prisiones han sido utilizadas, en algunos casos, como centros de coordinación de actividades delictivas hacia el exterior. La reforma busca, en ese marco, limitar esas dinámicas y recuperar el control estatal sobre los establecimientos penitenciarios.
El endurecimiento del régimen carcelario se inscribe así en una respuesta más amplia del Estado frente a un deterioro sostenido de la seguridad pública, donde la presión del crimen organizado y la demanda social de medidas concretas han ganado centralidad en la agenda política.
Imagen de portada: Lissette Lemus
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