El 16 de diciembre pasado, Rodrigo Gómez, un soldado de 21 años que cumplía guardia en la Quinta de Olivos, se suicidó de un disparo en la cabeza. Antes de su muerte, dejó una carta dirigida a su madre y a sus familiares donde manifestó: “Lamento, mamá, por esta estúpida decisión. Pero no quiero ser más una carga para todos y no te quiero dar problemas nunca más. Te quiero mucho. A ambos”.
Gómez se encontraba bajo extorsión de una organización criminal que operaba desde cárceles bonaerenses. Los delincuentes utilizaban perfiles falsos en aplicaciones de citas para engañar a víctimas jóvenes. En este caso, Gómez creyó estar interactuando con una mujer, pero terminó siendo chantajeado con amenazas legales y demandas de transferencias de dinero. La víctima realizó varias transacciones, que incluyeron montos de $213.000, $400.000 y $500.000 a través de billeteras virtuales, según documentación oficial.
En su carta, Gómez describió la secuencia que derivó en la extorsión: “Quién diría que entrar a una app de citas me traería muchos problemas. Estoy con problemas legales y muchas deudas. Nunca pensé que mi vida iba a terminar así, no le tengo miedo a la muerte, sí respeto. Tengo miedo de decepcionarlos”. Además, expresó agradecimiento hacia el Ejército por la oportunidad de formar parte de sus filas: “Gracias a todos. Lo lamento mucho”.

La investigación judicial determinó que los autores del plan criminal hicieron pasar a uno de ellos por un oficial de la Policía de la Ciudad, enviando audios intimidatorios y mensajes que vinculaban a la víctima con supuestos delitos contra menores. Según la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, estos hechos evidencian cómo los teléfonos celulares en manos de internos de cárceles generan riesgos significativos de delitos digitales.
La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, señaló que la vida actual depende en gran medida de medios digitales y que el uso de dispositivos en prisión convierte a los establecimientos en “universidades del delito”, donde los internos continúan coordinando acciones criminales.
La División Homicidios de la Policía Federal Argentina y el Departamento Federal de Investigaciones participaron en el caso, coordinando con la Justicia Federal de San Isidro. Arroyo Salgado destacó que el Estado puede afirmar que la muerte de Gómez no fue inexplicable y que se está investigando para evitar la impunidad.











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