Punta del Este — El empresario Alberto Samid permanece internado en el Hospital Cantegril de Punta del Este (Uruguay) desde hace varios días tras ingresar por una infección urinaria que derivó en un virus en la sangre de origen no identificado. El cuadro agravó sus valores sanguíneos (plaquetas y glóbulos blancos bajos), lo que llevó a su familia a solicitar un traslado urgente a Buenos Aires mediante avión sanitario.
Su esposa Marisa Scarafía publicó en la cuenta de X de Samid un pedido dirigido al gobernador bonaerense Axel Kicillof, a intendentes peronistas y al secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli. Ofrecieron cubrir los costos del vuelo (aproximadamente 40 minutos de duración) y explicaron que Samid “necesita estar en su país atendido por sus médicos”. El propio Samid posteó desde la clínica: “Ahora comprendo porqué nos tratan de sudakas en el mundo”, criticando la demora inicial en la respuesta.
Alberto Samid, de 73 años, es un conocido empresario del sector cárnico, propietario de una cadena de supermercados y frigoríficos (principalmente asociados a La Anónima y otras marcas). Apodado “el rey de la carne”, se hizo público en los años 90 y 2000 por defender precios accesibles del producto, criticar a exportadores y al “oligopolio” del sector, y por su perfil mediático. Apoyó políticamente al kirchnerismo, fue candidato a senador por Unidad Ciudadana en 2017 (provincia de Buenos Aires) y mantuvo vínculos con figuras peronistas.
Tras el pedido público, la Provincia de Buenos Aires intervino para coordinar asistencia y facilitar el traslado sanitario. Hasta el último reporte disponible (tarde del 17 de febrero), no se confirmó el regreso a Argentina ni la evolución médica exacta del empresario.
El caso generó repercusión en redes y medios por el pedido dirigido a autoridades opositoras al gobierno nacional y por el uso de canales públicos en una emergencia individual. Aunque Samid ofreció pagar el traslado, el avión sanitario estatal permitió una respuesta más rápida en un contexto donde opciones privadas inmediatas no estaban disponibles o eran más complejas de coordinar.
En el fondo, el episodio revela cómo figuras con recursos económicos y conexiones políticas pueden acceder a mecanismos estatales diseñados para emergencias generales, incluso cuando ofrecen cubrir costos, lo que desde una mirada liberal pone en evidencia una posición de privilegio que no todos los ciudadanos pueden replicar.
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