Buenos Aires.— Un grupo de abogados presentó este lunes una denuncia penal contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y otros funcionarios por presuntas irregularidades en un contrato adjudicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), institución que dirige la esposa del ministro.
La denuncia, presentada ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal por los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, integrantes de la agrupación RESET Republicano, apunta a Sturzenegger, a la subsecretaria de Coordinación y Administración Exterior de Cancillería, María Cristina Dellepiane, al titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Alejandro Melik, y al director nacional de Ética Pública, Leopoldo Giupponi.
Los denunciantes los acusan de posibles delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública. El eje de la presentación es la supuesta omisión de publicar en el sitio web de la OA la constancia de recepción de la declaración jurada o información relacionada con el caso, tal como lo exige el Decreto 202/2017 sobre integridad en la contratación pública cuando existe vínculo familiar.
El contrato en cuestión, formalizado mediante la Disposición 21/2026 del 19 de enero de 2026, adjudicó a la AACI, mediante Adjudicación Simple por Especialidad y con la entidad como única oferente, la suma de $114.044.133 (IVA incluido) para la prestación de cursos presenciales de inglés a 132 empleados y diplomáticos de Cancillería. El servicio abarca nueve meses (marzo a noviembre de 2026), con opción a prórroga por igual período, en el marco del Plan Estratégico de Capacitación 2025-2027.
La directora ejecutiva de la AACI es María Josefina Rouillet, esposa de Sturzenegger, cargo que ocupa al menos desde septiembre de 2020. Debido a este vínculo familiar (matrimonio), el expediente activó el procedimiento de integridad previsto en el Decreto 202/2017: la OA encuadró la relación como “familiar (matrimonio)”, intervino la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y se incorporó un Pacto de Integridad como medida adicional de transparencia.
Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, el canciller Pablo Quirno defendió el proceso: “No hay absolutamente ninguna irregularidad. Cancillería ha contratado a la AACI desde 2018 para capacitar en idioma inglés a nuestro personal. En esta oportunidad, al ser la Directora Ejecutiva la esposa de Federico Sturzenegger, se activó el procedimiento de integridad previsto con la intervención de la Oficina Anticorrupción y la SIGEN, quien revisó todo”.
La senadora nacional Juliana Di Tullio (interbloque Justicialista/Unión por la Patria) anunció que presentará en los próximos días una denuncia penal en los tribunales de Comodoro Py contra Sturzenegger y Rouillet, argumentando irregularidades en la adjudicación y posible conflicto de intereses.
Hasta el momento, la denuncia ingresada hoy se encuentra en etapa de sorteo judicial y no se registran procesamientos ni medidas cautelares. No se ha recibido respuesta pública directa de Sturzenegger ni de la OA sobre las acusaciones específicas de omisión de publicación.
Este caso revive el debate sobre mecanismos de control en contrataciones públicas con vínculos familiares de funcionarios, en un contexto de énfasis gubernamental en la transparencia y la reducción del gasto estatal.











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