El Consejo de Administración del Hospital de Pediatría S.A.M.I.C. Prof. Dr. Juan P. Garrahan resolvió la cesantía de once empleados, diez de ellos delegados gremiales, por su participación en la toma de las oficinas de la Dirección Médica ocurrida el 31 de octubre de 2025 en el marco de un conflicto laboral por descuentos salariales. La decisión fue comunicada oficialmente este martes por las autoridades del centro sanitario y el Gobierno nacional.
La medida se adoptó tras la finalización de sumarios administrativos iniciados luego del episodio, en el que un grupo de trabajadores ingresó a la fuerza a áreas directivas, según la reconstrucción oficial, interrumpió la actividad administrativa y desoyó las instrucciones del personal de seguridad para abandonar las oficinas.
Entre los cesanteados se identifican dirigentes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), incluidas figuras como Norma Lezana y Alejandro Lipcovich, quienes, según las autoridades, encabezaron y coordinaron la ocupación.
La decisión del hospital especifica que la mayoría de los cesanteados cuentan con tutela gremial, una protección legal que impide ejecutar la sanción sin que una instancia judicial decida el levantamiento de esa protección. En esos casos, las desvinculaciones quedan supeditadas a una resolución de la justicia laboral. El único trabajador sin tutela sindical podrá ser desvinculado de manera inmediata una vez concluido el proceso administrativo.
El conflicto se originó en octubre del año pasado, cuando delegados sindicales ingresaron al sector directivo del hospital en medio de un reclamo salarial y de condiciones laborales. Las autoridades sostuvieron que la ocupación afectó el funcionamiento institucional de un centro de alta complejidad que recibe derivaciones de todo el país.
Además de las cesantías, otras 29 personas vinculadas al episodio recibirán sanciones disciplinarias de menor grado, de acuerdo con la evaluación individual de su participación durante la ocupación.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, difundió el pedido de desafuero para proceder con los despidos, describiendo el proceso como una respuesta a la toma de oficinas protagonizada por los delegados. La medida se presentó en un contexto de fuertes tensiones entre el Ejecutivo y sectores gremiales del sector público de salud, donde los límites de las protestas sindicales y la protección de los trabajadores se encuentran bajo discusión.
Las organizaciones gremiales involucradas anticiparon que impugnarán judicialmente las cesantías, especialmente en los casos de delegados con tutela sindical. El desenlace de esos recursos será determinante para definir si los despidos se concretan o si las protecciones legales se mantienen vigentes.
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