Celulares en cárceles: el caso de la influencer reabre el debate por el control penitenciario

Lomas de Zamora, Buenos Aires — La difusión de videos en los que una influencer detenida celebró su cumpleaños dentro de una unidad penitenciaria volvió a instalar una discusión que atraviesa al sistema carcelario argentino: por qué personas privadas de la libertad acceden a celulares y redes sociales, y bajo qué marco normativo ocurre.

El caso generó indignación en redes sociales y reacciones políticas, pero no es un hecho aislado. En los últimos años se multiplicaron episodios de internos que transmiten en vivo, publican contenido o mantienen actividad digital desde prisión. La situación expone una combinación de decisiones excepcionales adoptadas durante la pandemia y deficiencias estructurales en el control penitenciario.

Durante 2020, en el contexto de las restricciones sanitarias por COVID-19, distintas jurisdicciones autorizaron el uso de teléfonos celulares para compensar la suspensión de visitas y garantizar el contacto con familiares. En la provincia de Buenos Aires, esa habilitación fue implementada como medida excepcional. Sin embargo, con el fin de la emergencia sanitaria no hubo una política uniforme de retiro de dispositivos, lo que dejó un escenario heterogéneo según cada distrito.

Actualmente no existe una ley nacional que reconozca de manera general el derecho irrestricto al uso de celulares en cárceles. La normativa varía por jurisdicción y, en algunos casos, la tenencia continúa prohibida formalmente. Aun así, los dispositivos siguen presentes en numerosos establecimientos, ya sea por autorizaciones previas o por ingreso irregular.

Autorización excepcional y zona gris

Especialistas en derecho penitenciario sostienen que la habilitación adoptada en pandemia respondió a estándares de derechos humanos vinculados al mantenimiento de vínculos familiares. No obstante, advierten que la falta de una regulación posterior generó una zona gris. Mientras algunas provincias avanzaron en restricciones o en la implementación de sistemas de telefonía controlada, otras mantuvieron el esquema vigente sin una redefinición integral.

La consecuencia es un sistema fragmentado, donde el acceso a dispositivos depende tanto de decisiones administrativas como de la capacidad de control en cada unidad.

Control y seguridad

El debate no se limita al uso recreativo o a la comunicación personal. En los últimos meses trascendieron investigaciones judiciales que vinculan estafas telefónicas y maniobras extorsivas con internos alojados en distintos penales del país. Uno de los casos que generó mayor conmoción fue el de un militar que se quitó la vida tras ser víctima de una estafa que, según la causa judicial, se habría originado desde un establecimiento penitenciario.

Ese episodio reavivó cuestionamientos sobre la eficacia de los mecanismos de supervisión, el funcionamiento de inhibidores de señal y los controles de ingreso. Autoridades penitenciarias han señalado en otras oportunidades que la sobrepoblación, la infraestructura deficiente y la falta de recursos tecnológicos dificultan una fiscalización estricta.

En contraste, organizaciones de derechos humanos advierten que cualquier restricción debe equilibrar seguridad y derechos básicos de comunicación, especialmente en contextos de encierro prolongado.

El caso de la "influencer" se inscribe en ese marco más amplio. Más allá de la repercusión pública por el festejo, el punto de fondo vuelve a ser el mismo: la ausencia de una política penitenciaria homogénea y el desafío de evitar que los dispositivos se conviertan en herramientas para la comisión de nuevos delitos.