LA PLATA, BUENOS AIRES — La Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense, a cargo de Silvia Andrea García, firmó una resolución que ratifica el traslado de la sede social de la AFA a la provincia de Buenos Aires y rechaza la competencia de la Inspección General de Justicia (IGJ) sobre la entidad. La medida se adoptó el mismo día en que la IGJ notificó formalmente a la AFA el rechazo previo del cambio de domicilio y solicitó al Ministerio de Justicia la designación de veedores para acceder a documentación contable y financiera pendiente.
La IGJ había denegado la inscripción del traslado semanas atrás tras verificar que la dirección declarada en Pilar no correspondía a instalaciones operativas ni administrativas reales de la entidad. El organismo nacional sostuvo que la sede efectiva sigue en la calle Viamonte 1366 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo que la AFA permanece bajo su jurisdicción. Fuentes del Ministerio de Justicia indicaron que la resolución provincial no altera el avance de la investigación, centrada en estados contables cerrados al 30 de junio de 2025, relaciones comerciales con sociedades vinculadas y el proceso de creación de la Universidad de la AFA (UNAFA).
El abogado Gregorio Dalbón, representante de Claudio Tapia, presidente de la AFA, difundió la resolución bonaerense como un rechazo explícito a la competencia de la IGJ. En publicaciones en redes sociales, Dalbón destacó que la provincia confirmó la mudanza y que el organismo nacional ya no tendría autoridad sobre la entidad.
La IGJ argumentó la necesidad de veedores por la gravedad de las irregularidades detectadas y el incumplimiento de la AFA en entregar información requerida, pese a plazos otorgados. El pedido incluye la revisión de posibles actos que violen la ley, el estatuto o reglamentos de la asociación civil. El Ministerio de Justicia confirmó que la designación involucraría a dos abogados y un contador, con el objetivo de relevar y compulsar la documentación negada.
En varios medios, la resolución provincial se interpreta como una intervención del gobierno de Axel Kicillof que beneficia la posición de la AFA en el conflicto jurisdiccional con la IGJ, profundizando la disputa entre autoridades nacionales y bonaerenses en medio de cuestionamientos a la gestión contable de la entidad.
La AFA mantiene que el cambio de domicilio fue aprobado en asamblea y tramitado conforme a normas, aunque la IGJ lo califica como ficticio. El conflicto podría resolverse en instancias judiciales si persiste la discrepancia sobre la jurisdicción aplicable.
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