Precios inflados, empleo frágil y el costo oculto que pagan los argentinos

La discusión volvió a instalarse con fuerza en las últimas semanas a partir de una seguidilla de conflictos industriales, cierres de plantas y despidos en sectores sensibles como el textil y el metalúrgico. El denominador común no es nuevo: empresas locales que no logran competir cuando se habilita la importación de productos más baratos, aun cuando esos bienes se fabrican en la Argentina.

El caso del enfrentamiento público entre el presidente Javier Milei y Paolo Rocca, en el marco del debate por el precio de los tubos para obras de infraestructura, expuso una tensión que atraviesa a toda la economía. Por un lado, el reclamo empresario por protección frente a la competencia externa; por otro, la decisión oficial de evitar esquemas que, según el Gobierno, consolidan sobreprecios financiados por el Estado y los consumidores.

El problema de fondo no nació con la actual administración. La estructura de costos que hoy vuelve inviables a muchas empresas se fue acumulando durante años: impuestos en cascada como Ingresos Brutos, tasas municipales superpuestas, cargas laborales no salariales, restricciones logísticas y regulaciones que penalizan la escala y la productividad. A eso se suman, en algunos sectores, beneficios sectoriales que funcionan como barreras de entrada y desalientan la competencia.

El resultado es conocido por cualquier consumidor: productos fabricados localmente que cuestan igual o más que los importados, incluso en países vecinos como Chile, donde no existen ventajas productivas naturales sobre la Argentina. En muchos casos, la diferencia de precios no responde a calidad, innovación o valor agregado, sino a una cadena de costos internos que termina trasladándose al precio final.

La apertura comercial, lejos de ser la causa de estas crisis, actúa como un revelador. Cuando la economía permanece cerrada, los sobrecostos se diluyen en un mercado cautivo. Cuando se habilita la competencia, quedan expuestos. El debate entonces se desplaza hacia una falsa dicotomía: proteger puestos de trabajo a cualquier precio o permitir importaciones. En el medio queda un actor que rara vez ocupa el centro de la escena: el consumidor, que durante años financió ese esquema pagando más caro.

Los sectores políticos que rechazan la apertura suelen argumentar que se preserva empleo. Lo que no siempre se explicita es quién asume el costo de esa preservación. No es el Estado en abstracto, sino el conjunto de los argentinos a través de precios más altos, menor poder adquisitivo y menor acceso a bienes.

La discusión de fondo no es si la economía debe estar abierta o cerrada, sino si el país está dispuesto a revisar su estructura impositiva, regulatoria y productiva. Sin esa revisión, cada intento de apertura volverá a generar el mismo escenario: empresas en crisis, debates ideológicos y consumidores atrapados entre discursos que evitan el problema central.