Comprar más barato, ¿siempre conviene? El debate detrás del conflicto por el gasoducto

Comprar más barato suele percibirse como una decisión racional e incuestionable. En la vida cotidiana, ahorrar es una virtud. En los grandes proyectos de infraestructura, sin embargo, esa lógica simple empieza a mostrar límites cuando se convierte en el único criterio para definir decisiones estratégicas.

La reciente controversia en torno a la provisión de tubos para el gasoducto que conectará Vaca Muerta con la costa de Río Negro expuso ese dilema con claridad. Por un lado, el consorcio Southern Energy eligió la oferta más competitiva en términos de precio. Por otro, el Grupo Techint cuestionó el proceso y evalúa recurrir a una denuncia por dumping, al considerar que la competencia no se dio en condiciones equivalentes.

Desde el Gobierno, la defensa fue explícita. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, argumentó públicamente que modificar el resultado de una licitación una vez adjudicada, por ejemplo, otorgando un derecho de preferencia a un proveedor local, erosionaría la credibilidad del sistema. Según su postura, permitir que una empresa iguale el precio después de conocer las ofertas desalentaría la participación futura de competidores y terminaría elevando los costos a largo plazo. Esa visión fue respaldada por el presidente Javier Milei.

La posición oficial pone el foco en la previsibilidad y la competencia como pilares para reducir costos y atraer inversiones. En ese esquema, el precio final aparece como el dato central, casi excluyente, para evaluar la eficiencia de una decisión.

Desde Techint, la discusión se plantea en otro plano. La empresa sostiene que la competencia no se dio en condiciones equivalentes y analiza recurrir a una denuncia por dumping, una práctica que consiste en vender un producto en un mercado externo a un precio inferior al de su valor normal o incluso por debajo de su costo de producción, generalmente apalancado por subsidios o ventajas estructurales del país de origen. En ese marco, también cuestiona que el proyecto haya sido aprobado bajo el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), un esquema impulsado por el propio Gobierno para atraer capitales de gran escala mediante beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios, con el objetivo declarado de promover inversiones estratégicas y cadenas productivas locales.

Para el grupo industrial, allí aparece la contradicción. Sostiene que, en este caso, los beneficios fiscales otorgados por el Estado terminan favoreciendo producción y empleo en el exterior, mientras la industria local compite en un entorno con impuestos considerados distorsivos, como Ingresos Brutos o tasas municipales. Según esa mirada, el precio más bajo no refleja necesariamente mayor eficiencia, sino condiciones estructurales desiguales.

El debate deja al descubierto una tensión que excede a las empresas involucradas. Por un lado, la necesidad de garantizar reglas claras, competencia y costos competitivos. Por otro, la pregunta sobre qué rol debe jugar el Estado cuando los proyectos estratégicos reciben incentivos públicos diseñados, al menos en teoría, para fortalecer capacidades locales.

El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones fue concebido como una herramienta para destrabar proyectos de gran escala que la Argentina no logra concretar desde hace décadas. Su lógica es ofrecer estabilidad y beneficios para atraer capital. La discusión que se abre ahora no es sobre su existencia, sino sobre cómo se articula con el desarrollo industrial interno cuando esas inversiones avanzan.

En ese contexto, la idea de que “comprar más barato siempre es mejor” empieza a mostrar matices. El precio es un dato relevante, pero no siempre agota el análisis. En proyectos de largo plazo, también entran en juego el empleo, la capacidad productiva, la previsibilidad futura y el tipo de inserción económica que se construye.

La discusión no se salda con una consigna simple. Tampoco con una respuesta única. Lo que queda expuesto es que, cuando se trata de decisiones estratégicas, el precio puede ser una respuesta necesaria, pero difícilmente suficiente.