La meritocracia divide las opiniones en la Argentina: para algunos es el motor del progreso individual, para otros un concepto que ignora las desigualdades estructurales. Los datos muestran una baja movilidad social y un peso determinante del origen socioeconómico, mientras el debate oscila entre extremos ideológicos.
En Argentina, la meritocracia aparece cíclicamente en el centro del debate público, casi siempre planteada como una consigna y no como un problema a analizar. Para algunos sectores, representa la idea de que el esfuerzo individual debería ser suficiente para progresar. Para otros, es un concepto vacío que ignora desigualdades estructurales profundas. Entre ambas posiciones, se diluye una discusión clave: cuánto pesa realmente el mérito en la movilidad social argentina y qué límites impone el contexto económico y social.
Los datos muestran que el punto de partida no es neutral. Distintos estudios de organismos internacionales coinciden en que Argentina presenta baja movilidad social intergeneracional, similar a la de otros países de la región con altos niveles de desigualdad. El origen socioeconómico explica una parte significativa del ingreso futuro de una persona, lo que implica que nacer en un hogar vulnerable sigue siendo, en muchos casos, una desventaja difícil de revertir únicamente con esfuerzo individual.
Al mismo tiempo, negar la existencia del mérito tampoco describe fielmente la realidad. En el mercado laboral argentino existen trayectorias de ascenso que no dependen exclusivamente de títulos formales, sino de experiencia acumulada, aprendizaje en el trabajo y desempeño sostenido. Según estimaciones del Banco Mundial, más de la mitad de los trabajadores en América Latina adquiere sus principales habilidades en el empleo, y Argentina no es la excepción. En sectores como transporte, logística, industria o servicios técnicos, la promoción interna sigue siendo una vía real, aunque limitada, de progreso.
El problema aparece cuando estos casos se utilizan como argumento para sostener que “el que no progresa es porque no se esfuerza”. La informalidad laboral, que en Argentina ronda el 40% del empleo, reduce drásticamente las posibilidades de que el mérito se traduzca en estabilidad, ascenso o mejores ingresos, y en ese contexto, el esfuerzo individual muchas veces no conduce a movilidad social, sino a una mayor precarización.
Comparado con países vecinos, el contraste es revelador. Chile y Uruguay muestran niveles más altos de movilidad relativa, no porque el mérito sea más valorado culturalmente, sino porque cuentan con reglas laborales más estables, sistemas educativos más consistentes y trayectorias laborales más previsibles. Brasil, con desigualdades históricas profundas, logró mejorar parcialmente la movilidad a partir de políticas focalizadas, aunque con resultados desiguales. Paraguay, por su parte, enfrenta desafíos similares a los argentinos, con altos niveles de informalidad y un peso fuerte del origen social en las oportunidades futuras.
En el otro extremo del debate, ciertos discursos críticos de la meritocracia en Argentina terminan por diluir cualquier noción de responsabilidad individual. Cuando toda desigualdad se explica únicamente por la estructura, se corre el riesgo de transmitir un mensaje implícito: que el esfuerzo personal es irrelevante. Esa lógica, lejos de empoderar, suele generar desincentivos, expectativas bajas y políticas públicas que evitan evaluar resultados por temor a “excluir”.
La discusión real no debería plantearse como mérito contra Estado, ni como esfuerzo contra derechos. La experiencia regional muestra que los países con mejores niveles de movilidad social no son aquellos que niegan el mérito, sino los que corrigen las desigualdades de origen y luego permiten que el desempeño individual marque diferencias reales. Sin un piso mínimo de educación, salud y reglas establecidas, la meritocracia se vuelve una promesa vacía. Sin incentivos al esfuerzo y a la mejora, el sistema se estanca.
Argentina parece atrapada entre ambos extremos: un discurso meritocrático que ignora las barreras reales y una crítica estructural que, en ocasiones, desconoce la agencia individual. Tal vez el debate pendiente sea menos ideológico y más práctico: cómo diseñar políticas que amplíen las oportunidades de ascenso sin convertir las excepciones en excusas, y cómo reconocer el esfuerzo sin usarlo para naturalizar la desigualdad.
Mientras esa discusión siga reducida a consignas, la meritocracia seguirá siendo en Argentina más un argumento de campaña que una herramienta efectiva de desarrollo social.
Fuentes y referencias consultadas
Los datos y afirmaciones mencionados en este editorial se basan en informes y estudios utilizados en el análisis de movilidad social y mercado laboral en Argentina y la región, entre ellos:
CEPAL – Panorama Social de América Latina y el Caribe 2025
Informe que analiza desigualdad, movilidad social intergeneracional y cohesión social en la región.
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OECD – Movilidad social y desigualdad en América Latina y el Caribe (2025)
Reporte que examina movilidad social, educación y competencias, con comparaciones regionales.
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OECD – Expanding Social Protection and Addressing Informality in Latin America (2025)
Capítulo con datos específicos sobre informalidad laboral en Argentina y su comparación regional.
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CEPAL – “La trampa de alta desigualdad y baja movilidad social…” (2024)
Documento sobre cómo la desigualdad estructural limita la movilidad social en la región.
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