La presidenta interina informó que enviará un proyecto a la Asamblea Nacional para otorgar una amnistía general. La iniciativa excluiría delitos graves y se da en un contexto de presión interna e internacional por la situación de derechos humanos en el país.
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el envío a la Asamblea Nacional de un proyecto de ley de amnistía general destinado a personas detenidas por motivos políticos desde 1999, año en que comenzó el ciclo político iniciado por Hugo Chávez y continuado por Nicolás Maduro.
El anuncio fue realizado este jueves durante un acto oficial en Caracas, donde Rodríguez señaló que la iniciativa apunta a “cerrar un capítulo de confrontación política” y avanzar hacia un escenario de convivencia nacional. Según explicó, la amnistía alcanzaría a opositores, activistas y otros detenidos en causas vinculadas a hechos de carácter político.
De acuerdo con la información difundida por el Gobierno venezolano, el proyecto no incluiría a personas condenadas por delitos graves como homicidios, narcotráfico o violaciones severas a los derechos humanos. El alcance final de la medida quedará sujeto al debate parlamentario y a la reglamentación posterior.
Organizaciones independientes de derechos humanos estiman que en Venezuela permanecen detenidas alrededor de 700 personas consideradas presos políticos, aunque las cifras varían según las fuentes y el momento de relevamiento. En las últimas semanas ya se habían registrado excarcelaciones parciales, en un contexto de negociaciones políticas y reclamos de organismos internacionales.
El anuncio de la amnistía se produce en medio de un escenario de fuerte atención internacional sobre la situación institucional del país y el funcionamiento del sistema judicial. Distintos gobiernos y entidades multilaterales han reclamado garantías de transparencia, debido proceso y no repetición de detenciones arbitrarias.
Desde el oficialismo también se indicó que la ley formaría parte de un conjunto más amplio de medidas orientadas a revisar el uso del sistema penal en causas políticas, aunque hasta el momento no se difundieron detalles sobre plazos ni mecanismos de implementación.
La iniciativa deberá ser tratada por la Asamblea Nacional, que tendrá la responsabilidad de definir su aprobación, modificaciones y eventual entrada en vigencia.
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