El Gobierno dictó conciliación obligatoria por 15 días en el conflicto de Fate

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Trabajo (a cargo de Julio Cordero), dictó este miércoles 18 de febrero de 2026 la conciliación obligatoria por 15 días en el conflicto laboral de la empresa Fate, histórica fabricante de neumáticos con planta en San Fernando (provincia de Buenos Aires).

La medida se tomó tras el anuncio del cierre definitivo de la planta y el despido de 920 empleados, comunicado por la compañía en la madrugada del mismo día. La disposición, formalizada por la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo bajo la Ley 14.786, ordena retrotraer la situación al estado previo al conflicto (es decir, suspender los despidos y dejar sin efecto las cesantías) durante el período de conciliación. Las partes deben abstenerse de medidas que alteren las relaciones laborales (paros, bloqueos o acciones unilaterales) mientras se desarrollan instancias de negociación.

La decisión surgió en una audiencia virtual convocada por la Secretaría de Trabajo, donde participaron representantes de Fate (aunque el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino —SUTNA, liderado por Alejandro Crespo— no asistió según fuentes oficiales). El Ministerio indicó que intervino desde 2024 con audiencias previas, pero no se alcanzó acuerdo reciente.

En paralelo, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires (a cargo de Walter Correa) dictó su propia conciliación obligatoria bajo la Ley provincial 10.149, con efectos similares: retrotracción al estado anterior y suspensión de despidos por 15 días.

Los trabajadores mantienen protestas y ocupación parcial de la planta en Virreyes/San Fernando, con tensión en el predio. La Unión Industrial Argentina (UIA) y otros sectores expresaron preocupación por el impacto en la cadena de producción de neumáticos.

El conflicto se enmarca en negociaciones paritarias y reclamos sindicales de larga data; la conciliación busca promover diálogo para evitar daños irreversibles al empleo y la actividad.