Buenos Aires — La reforma laboral promovida por el presidente Javier Milei fue aprobada por el Congreso y quedó convertida en ley, aunque todavía resta su reglamentación para que varias de sus disposiciones puedan aplicarse de manera efectiva.
El proyecto fue debatido en sesiones extraordinarias y obtuvo aprobación tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Con la sanción legislativa, la iniciativa modificó aspectos centrales del régimen laboral argentino, incluyendo puntos vinculados a indemnizaciones, modalidades de contratación y condiciones de registración laboral.
Desde el punto de vista jurídico, una vez que el Senado sanciona un proyecto y se cumple el procedimiento formal de promulgación, la norma adquiere carácter de ley. Sin embargo, que una ley esté sancionada no implica necesariamente que todos sus artículos entren en funcionamiento automático e inmediato. En muchos casos, el Poder Ejecutivo debe dictar decretos reglamentarios que establezcan los detalles técnicos y operativos para su implementación.
En este caso, distintos artículos requieren precisiones administrativas para su aplicación práctica. Entre ellos, los referidos a eventuales esquemas alternativos de indemnización, cambios en mecanismos de regularización de empleo no registrado y nuevas modalidades contractuales. Sin reglamentación, esos puntos pueden quedar en suspenso o sujetos a interpretación hasta que el Ejecutivo defina su alcance concreto.
El debate parlamentario incluyó modificaciones respecto del texto original, con eliminación o reformulación de artículos que habían generado fuerte rechazo sindical y político. Ese proceso implicó negociaciones y ajustes antes de su aprobación definitiva.
En paralelo, sectores sindicales y constitucionalistas han anticipado posibles presentaciones judiciales contra algunos artículos, lo que podría abrir un escenario de litigiosidad. En Argentina, la judicialización de reformas estructurales no es infrecuente, especialmente cuando se trata de cambios en la Ley de Contrato de Trabajo y derechos laborales consolidados. Si tribunales federales o la Corte Suprema aceptaran medidas cautelares, ciertos puntos podrían quedar temporalmente suspendidos.
Desde el Gobierno sostienen que la reforma apunta a modernizar el mercado laboral, reducir la informalidad y promover la creación de empleo formal. Desde la oposición y centrales sindicales, en cambio, se advierte sobre un posible debilitamiento de la protección del trabajador.
En términos estrictamente normativos, la reforma laboral ya es ley. Lo que resta definir es el ritmo y la forma en que se implementarán sus disposiciones, la publicación de la reglamentación correspondiente y el eventual impacto de acciones judiciales. En los próximos meses se espera que el Poder Ejecutivo avance en esa etapa técnica, clave para determinar cómo y cuándo comenzarán a regir de manera plena los cambios aprobados por el Congreso.
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