Un tribunal de la provincia de Chaco dictó este martes 10 de febrero de 2026 la sentencia de prisión perpetua para los tres principales integrantes del llamado clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, cometido el 2 de junio de 2023 en la ciudad de Resistencia. Los condenados son César Sena, su padre Emerenciano Sena y Marcela Acuña, su madre, quienes ya habían sido declarados culpables por un jurado popular en noviembre pasado.
Los jueces, tras la audiencia de cesura que se celebró hoy, confirmaron la pena máxima prevista en el Código Penal argentino para el delito de homicidio agravado por el vínculo en contexto de violencia de género. En el ordenamiento local, la prisión perpetua no significa automáticamente una condena “para siempre” como en Estados Unidos, sino que implica un cumplimiento mínimo de 35 años de prisión antes de que los condenados puedan solicitar beneficios como la libertad condicional, siempre y cuando cumplan con requisitos legales y reglamentarios.
La lectura de la sentencia se llevó a cabo conforme a la ley procesal, después de que el jurado popular determinara en noviembre pasado que los tres imputados actuaron como autora y partícipes primarios en el asesinato de Cecilia. Ese veredicto unánime había sido clave para que la magistrada a cargo dictara la pena más severa posible.
Además de los tres principales acusados, en el mismo juicio fueron condenados otros imputados por delitos relacionados, como encubrimiento agravado, con penas menores que también quedaron fijadas en esta etapa del proceso.
El caso, que mantuvo alta atención pública y judicial, se convirtió en uno de los más resonantes del país por las circunstancias del crimen de Cecilia —que fue hallada muerta y cuyo cuerpo fue ocultado— y por la intervención de la Justicia chaqueña ante la gravedad atribuida al femicidio agravado.
Con la sentencia de hoy, los condenados deberán cumplir las penas en el sistema penitenciario, y podrán, llegado el momento y bajo los términos que establece la ley, plantear ante la Justicia la posibilidad de acceder a beneficios penitenciarios después de cumplir el mínimo establecido.
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