El brutal homicidio del adolescente en Santa Fe reavivó el debate. Fuentes oficiales confirmaron al medio Infobae, que impulsarán el proyecto en las sesiones extraordinarias de febrero, adelantando su tratamiento. La reforma propone reducir la punibilidad de 16 a 14 años.
El brutal crimen de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años torturado y asesinado en Santa Fe, reavivó con fuerza en el Gobierno la discusión sobre la necesidad de bajar la edad de imputabilidad. Según confirmaron a Infobae altas fuentes oficiales con acceso al despacho presidencial, el proyecto será impulsado para su tratamiento en las sesiones extraordinarias que comienzan el próximo 2 de febrero, adelantando así su debate parlamentario.
La iniciativa forma parte de la reforma integral del Código Penal que prepara el Ejecutivo y que propone reducir de 16 a 14 años la edad a partir de la cual un menor puede ser considerado penalmente responsable. Dos de los tres acusados por el homicidio de Monzón tienen 14 años y, por la legislación vigente, no son punibles, por lo que se encuentran en libertad bajo seguimiento de la Secretaría de Niñez.
Al menos dos integrantes de la mesa chica del presidente Javier Milei manifestaron al citado medio su intención de incluir el tema en la agenda inmediata. “Yo la quiero impulsar ahora”, afirmó una fuente calificada en relación a las extraordinarias. La cuestión será sometida a debate en la reunión política que se desarrollará este próximo lunes en la Casa Rosada, donde habrá posiciones encontradas. Algunos referentes prefieren tratar la reforma de manera integral junto al resto de las modificaciones penales, mientras otros buscan priorizarla de forma separada y urgente.
El proyecto y su historial legislativo
El dictamen para una Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, que habilita la punibilidad desde los 14 años, ya había obtenido media sanción en la Cámara de Diputados en mayo del año pasado, pero perdió estado parlamentario al finalizar el período de sesiones ordinarias. El texto establece que, en los procesos contra menores, regirán todos los principios del sistema acusatorio, no se podrá interrumpir sus estudios y se implementarán programas educativos. Además, fija un plazo máximo de pena privativa de libertad de 15 años para adolescentes y exige su alojamiento en institutos especiales, separados de los adultos.
Si bien el Gobierno había decidido originalmente excluir esta reforma del temario de extraordinarias para priorizar la negociación del Presupuesto 2026 y la Modernización Laboral, la crudeza del caso Monzón modificó la estrategia. Según una fuente oficial consultada por Infobae, la reforma penal “está contemplada dentro de la reforma que estamos terminando” y será prioritaria una vez que se inauguren las sesiones ordinarias en marzo, aunque ahora se evalúa acelerar su tratamiento.
La reforma integral del Código Penal pasó por una etapa técnica a cargo de penalistas como Mariano Borinsky y Jorge Boumpadre, y luego por una revisión política encabezada por el asesor Santiago Caputo, la secretaria de Justicia Sebastián Amerio, la senadora Patricia Bullrich y otros juristas cercanos al Gobierno.
La edad de imputabilidad en la región
El debate sobre la edad de imputabilidad no es exclusivo de la Argentina y se inscribe en una discusión más amplia en América Latina, donde los regímenes de responsabilidad penal juvenil muestran criterios dispares.
En Chile, la responsabilidad penal comienza a los 14 años, bajo un sistema especial para adolescentes que prevé penas diferenciadas y foco en la reinserción. Paraguay y Bolivia también fijan la imputabilidad desde los 14 años, con marcos jurídicos específicos para menores.
En Colombia, los adolescentes son penalmente responsables a partir de los 14 años, aunque no reciben penas equiparables a las de adultos y quedan bajo el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Uruguay establece la imputabilidad desde los 13 años, uno de los umbrales más bajos de la región, con un régimen diferenciado que ha sido objeto de debate político y judicial.
En contraste, Brasil y Perú mantienen la edad de imputabilidad en los 18 años, aunque en ambos países existen medidas socioeducativas y regímenes especiales para menores que cometen delitos graves.
Este panorama regional suele ser citado tanto por quienes impulsan la baja de la edad de imputabilidad en la Argentina como por quienes advierten que el endurecimiento penal no necesariamente se traduce en una reducción del delito juvenil, y plantean la necesidad de fortalecer políticas de prevención, educación y contención social.
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