La Cámara Federal de San Martín resolvió un conflicto de competencia y ordenó que el expediente, que investiga a presuntos testaferros del tesorero de la AFA, pase del juzgado de Marcelo Aguinsky al de Adrián González Charvay.
La investigación por la supuesta propiedad oculta de directivos de la AFA en una mansión de Pilar cambiará de sede judicial. La Cámara Federal de San Martín ordenó este martes que la causa abandone el juzgado en lo Penal Económico de Marcelo Aguinsky y pase al juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay.
La decisión, dictada por el camarista Alberto Lugones, resolvió un conflicto de competencia iniciado por los dueños formales del inmueble, el monotributista Luciano Pantano y su madre, la jubilada Ana Lucía Conte, quienes están siendo investigados como posibles testaferros del tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino, Pablo Toviggino.
El fallo priorizó el criterio territorial. Dado que la lujosa quinta valuada en aproximadamente 20 millones de dólares se encuentra en la localidad bonaerense de Villa Rosa, en el partido de Pilar, la Cámara determinó que corresponde la intervención del juzgado federal con jurisdicción en esa zona, que es el de Campana. Además, el magistrado mencionó que la AFA inscribió en noviembre de 2024 un cambio de domicilio social a una dirección también ubicada en Pilar, aunque la Inspección General de Justicia señaló que esa modificación no fue aprobada oficialmente.
El expediente tuvo un recorrido judicial previo. Comenzó en el juzgado federal de Daniel Rafecas en Comodoro Py, luego fue derivado al fuero Penal Económico de Aguinsky por orden de la Cámara, y ahora realizará su tercer traslado.
Antes de ser apartado del caso, el juez Aguinsky había avanzado en varias líneas de investigación. Entre las medidas recientes se destacan las indagatorias sobre la procedencia de los fondos para adquirir una colección de vehículos de alta gama encontrados en la propiedad, que incluyen un Porsche valuado en cerca de 500 millones de pesos. Una ejecutiva bancaria declaró que era “imposible” que el pago de ese automóvil se hubiera realizado desde la cuenta de la sociedad titular de la quinta, lo que derivó en la citación de un contador involucrado.
Asimismo, la pesquisa detectó que los seguros de los vehículos se pagaban en efectivo mediante códigos QR de una aseguradora cordobesa, y que los telepases de peaje se abonaban con una tarjeta corporativa de la AFA a nombre de Luciano Pantano. Esta tarjeta también registraba pagos de servicios eléctricos de domicilios ajenos a la actividad del ente futbolístico.
La resolución de la Cámara es, en principio, inapelable, por lo que el traslado del expediente y toda la prueba recabada deberá concretarse de manera inmediata.
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