Abogado por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y doctorando en Derecho en la misma institución. Docente de Derecho Internacional Público y de la Integración, investiga inteligencia artificial, responsabilidad del Estado y derechos humanos, con participación en congresos y publicaciones nacionales e internacionales. Fundador del Estudio Jurídico O & J, ejerce en derecho civil, de familia, sucesiones y derecho internacional privado. | 10 artículos publicados
Abogado y docente en Derecho Internacional
Abogado por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y doctorando en Derecho en la misma institución. Docente de Derecho Internacional Público y de la Integración, investiga inteligencia artificial, responsabilidad del Estado y derechos humanos, con participación en congresos y publicaciones nacionales e internacionales. Fundador del Estudio Jurídico O & J, ejerce en derecho civil, de familia, sucesiones y derecho internacional privado.
Te rechazan un crédito, te bloquean una cuenta o te dejan afuera de una lista y nadie explica nada: “lo decidió el sistema”. Cuando la decisión se automatiza y se vuelve opaca, la defensa se vuelve simbólica. Sin razones no hay control, y sin control crece el poder sin límites. Un piso mínimo de garantías para 2026.
La IA volvió barata la falsificación audiovisual. En política y conflictos, un video ya no prueba nada por sí solo: puede encender una escalada o destruir una reputación. El desafío no es tecnológico, es institucional: autenticidad, atribución, responsabilidad y reglas para que “lo vi” no sea el principio del caos.
La IA ya influye en decisiones militares: filtra inteligencia, prioriza señales y recomienda objetivos. El problema no es si “funciona”, sino qué pasa con los límites: distinguir civiles, medir proporcionalidad y actuar con precauciones. La tecnología no puede cargar culpas: la responsabilidad siempre es humana e institucional.
EE.UU. puede intentar justificar internamente una operación en Venezuela invocando Constitución, War Powers y hasta un encuadre de “law enforcement”. Pero el Derecho Internacional impone otra vara: la Carta de la ONU prohíbe el uso de la fuerza salvo excepciones estrictas. Cuando ambas legalidades chocan, se juega algo más que poder: legitimidad y precedente.
La idea de “capturar” a un jefe de Estado con una operación armada reabre un límite básico: la justicia penal no habilita la guerra. Sin Consejo de Seguridad y sin una legítima defensa estricta, el uso de la fuerza vuelve a ser ilícito. Y el precedente camina: lo que hoy se tolera, mañana se copia.
Cuando un Estado invoca “legítima defensa”, no basta con decirlo: debe existir un ataque armado y la respuesta debe ser necesaria y proporcional, además de informarse al Consejo de Seguridad. Si el Art. 51 se estira como excusa para cualquier operación, la excepción se vuelve regla y la Carta pierde su función de límite.
La operación militar en territorio venezolano reabre una pregunta básica: ¿puede un Estado usar fuerza para capturar a un gobernante? La Carta de la ONU lo prohíbe y sólo admite excepciones estrictas. Si se normaliza el atajo, el precedente camina y el sistema vuelve al “poder manda”.
Créditos, precios, bloqueos y rankings: cada vez más decisiones llegan como un “lo decidió el sistema”. Transparencia algorítmica es poder entender, cuestionar y pedir revisión cuando un algoritmo te afecta.
Entre ofertas, urgencias y “comprar ahora”, el diseño también decide. Y cuando la interfaz empuja, el consentimiento deja de ser libre y empieza a parecer inducido.
En la era de la inteligencia artificial y el poder de los datos, el consentimiento digital dejó de ser un simple “acepto”. Se volvió la frontera más delicada entre libertad y manipulación.
