El Ministerio de Economía analiza desprenderse del 51% de la compañía. Avianca, LATAM y Air France-KLM son algunos de los grupos contactados. La operación enfrenta restricciones legales que requieren aprobación del Congreso.
El Gobierno nacional ha iniciado contactos preliminares con grupos internacionales para avanzar en la venta de una porción accionaria de Aerolíneas Argentinas, en línea con una de las promesas de campaña del presidente Javier Milei. Según fuentes oficiales, el plan que se evalúa en el Ministerio de Economía consiste en desprenderse del 51% de las acciones, mientras que el resto podría quedar en manos de los empleados y un porcentaje minoritario se mantendría en poder del Estado.
La iniciativa, que aún no tiene un cronograma definido pero ya forma parte de la agenda gubernamental para el año, contempla la posibilidad de que el Estado retenga una "acción de oro" para decisiones estratégicas, sin intervenir en la gestión diaria. Uno de los puntos que se negocia es la preservación de la marca "Aerolíneas Argentinas" por un período prolongado, que según algunas versiones podría extenderse hasta 30 años.
Entre los grupos interesados que han sido sondeados figura Avianca, que actualmente forma parte del Grupo Abra, un holding que también controla GOL y tiene participación en Sky Airline. Esta opción es vista con buenos ojos en ámbitos oficiales, ya que el grupo tiene experiencia operando múltiples marcas locales y mantendría la identidad argentina. También se mantuvieron contactos informales con el conglomerado europeo Air France-KLM.
Otra compañía que analizó la operación es LATAM, aunque su disposición a conservar la marca nacional es limitada, dado que en otros países opera bajo una nomenclatura unificada. La experiencia de su salida del mercado local antes de la pandemia también es un factor que la ubica en una posición menos ventajosa. Se descarta, por antecedentes previos, la participación de grupos como el que integran Iberia y British Airways.
El principal desafío para concretar cualquier transferencia son las restricciones legales heredadas de la estatización. La ley 26.412, sancionada en 2008, establece en su artículo 9 que el Estado nacional no puede ceder "la mayoría accionaria de la sociedad, la capacidad de decisión estratégica y el derecho de veto". Además, una modificación introducida en octubre de 2023 exige que para transferir las acciones se requiera el voto de las dos terceras partes de ambas Cámaras del Congreso, una mayoría calificada similar a la necesaria para una reforma constitucional.
Este marco legal hace que cualquier operación dependa de un debate político legislativo que garantice seguridad jurídica a un eventual inversor. En 2024, el gobierno intentó incluir a Aerolíneas en la Ley de Bases, pero fue retirada del listado durante la negociación parlamentaria. Posteriormente, el Decreto 873/2024 la declaró "sujeta a privatización", reiniciando el debate sobre la derogación de las restricciones vigentes.
Mientras avanzan estas conversaciones preliminares, la empresa continúa su operación normal en plena temporada alta. Las tratativas se mantienen en un plano discreto, a la espera de que se definan los pasos políticos necesarios para habilitar una venta que promete ser una de las batallas legislativas más complejas del año.
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