La Justicia aceptó al organismo recaudador como parte en la investigación a la conducción de Claudio Tapia por presuntamente retener y no girar impuestos de los clubes. El juez habilitó la feria judicial para avanzar con urgencia.
El juez en lo Penal Económico Diego Amarante aceptó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) como parte querellante en la causa que investiga a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por la presunta apropiación indebida de más de $19.300 millones. La decisión, tomada el pasado viernes, otorga al organismo fiscal la potestad de impulsar la acusación contra la conducción de Claudio “Chiqui” Tapia, a quien se le imputa no haber depositado en tiempo y forma impuestos retenidos a los clubes.
El expediente judicial, que avanza con la feria judicial de enero habilitada para garantizar celeridad, tiene su origen en una denuncia presentada por ARCA el 12 de diciembre. El organismo sostiene que la AFA actuó como agente de retención de tributos nacionales y recursos de la Seguridad Social, practicó las retenciones a los clubes, pero omitió luego ingresar los fondos al fisco dentro del plazo legal establecido.
Según la querella, el perjuicio fiscal asciende a $19.353.546.843,85, correspondientes a períodos que van desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025. El desglose presentado ante la Justicia detalla que la deuda supera los $8.000 millones en concepto de retenciones de Ganancias no ingresadas y más de $8.600 millones por aportes a la Seguridad Social, además de montos por IVA.
En sus fundamentos, ARCA fue contundente al calificar la conducta: “Los importes en cuestión no constituyen fondos propios del contribuyente, sino que se trata de recursos ajenos que pertenecen al Estado desde el momento mismo de la retención, por lo que su no ingreso implica una indebida apropiación de caudales públicos”.
El fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial ya requirió formalmente la apertura de la investigación e imputó a la cúpula de la AFA, incluyendo a su presidente Claudio Tapia, por el delito de evasión agravada. En paralelo, el juez Amarante ordenó una serie de medidas probatorias para reconstruir la “ruta del dinero”, incluyendo oficios al Banco Central y a todas las entidades bancarias que operan con la AFA. El objetivo es determinar si la entidad futbolística utilizó los fondos retenidos para obtener rendimientos financieros antes de cumplir con su obligación fiscal.
La defensa de la AFA, a cargo del abogado Norberto Frontini, ya se presentó en la causa, aunque hasta el momento no ha formulado descargos de fondo ni solicitado medidas específicas.
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