Nota: Este resumen fue generado por una herramienta de inteligencia artificial y revisado por el editor y el autor de este artículo.
Alejandro Fabián Díaz, designado por Milei al frente de la SIGEN, presidió hasta julio de 2025 la Comisión Fiscalizadora de la AFA, encargada de auditar los balances que hoy son investigados por la Justicia por presuntas irregularidades. Solicitó una licencia en la entidad al asumir en el Gobierno, pero no renunció. La oposición pide su dimisión para que colabore con la investigación sobre desvíos y lavado de dinero. Díaz, cuya designación fue impulsada por Karina Milei, tiene una larga trayectoria como auditor en empresas estatales. El Gobierno rechaza los pedidos de renuncia y mantiene una ofensiva dosificada contra la conducción de Claudio Tapia.
El nuevo titular del organismo de control interno del Estado presidió hasta julio la Comisión Fiscalizadora de la AFA, cuyos balances son cuestionados por la Justicia. Su licencia en la entidad no ha frenado los pedidos de renuncia.
La designación de Alejandro Fabián Díaz como titular de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) coloca al funcionario en el centro de una incómoda contradicción. El contador, experto en auditoría y gobierno corporativo, fue elegido por el presidente Javier Milei en julio pasado para reemplazar a Miguel Blanco. Sin embargo, hasta ese momento, Díaz presidía la Comisión Fiscalizadora de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el órgano encargado de supervisar la administración financiera de la entidad que hoy está en la mira de la Justicia y del propio Gobierno.
El conflicto se agudiza mientras la Casa Rosada avanza con una ofensiva contra la conducción de Claudio “Chiqui” Tapia. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una denuncia penal por facturación apócrifa por 376 millones de dólares, la Inspección General de Justicia (IGJ) investiga irregularidades en los balances contables y la DGI es querellante en la única causa donde Tapia está imputado. Todos los balances bajo escrutinio corresponden al período 2017-2024, años en los que Díaz estuvo al frente de la fiscalización.
Ante su designación en la SIGEN, Díaz solicitó formalmente una licencia en la AFA mediante una carta dirigida a Tapia y al tesorero Pablo Toviggino el 18 de julio de 2025. En el escrito, argumentó que su nuevo rol en el Estado le impedía ejercer con “independencia y objetividad” su función fiscalizadora en el fútbol. Sin embargo, no presentó su renuncia definitiva y su nombre aún figura en el organigrama oficial de la entidad.
Desde la Coalición Cívica, el diputado Facundo del Gaiso, denunciante en la causa por la mansión de Pilar presuntamente vinculada a Toviggino, reclamó la renuncia de Díaz, sosteniendo que podría aportar información clave sobre el contrato de la AFA con la empresa TourProdEnter LLC, central en la investigación por lavado de dinero. Desde el entorno del síndico y desde la Casa Rosada se rechaza ese pedido, argumentando que la licencia es suficiente y que su dimisión no agregaría elementos sustanciales a la causa.
Díaz intenta distanciarse de la gestión de Tapia. Fuentes cercanas a él aseguran que su rol en la AFA era estrictamente técnico, sin participación en decisiones políticas. “No se sentaba en la mesa chica y a Tapia lo vio una sola vez”, afirman. No obstante, su designación en la comisión requirió del aval de la Asamblea de la AFA, lo que implica un respaldo político de la conducción.
La llegada de Díaz a la SIGEN fue patrocinada por Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. Su perfil técnico es extenso: antes de asumir, era gerente de Auditoría Interna en Nucleoeléctrica Argentina, empresa bajo la órbita del Ministerio de Economía. Fue síndico en YPF, Correo Oficial y Banco Nación, y representante argentino ante la OCDE. Precisamente, en su paso por el Banco Nación está involucrado en la causa por Vicentin, donde un juez ordenó la inhibición de sus bienes junto a otros exfuncionarios.
Los vínculos entre el entorno oficial y la AFA no se limitan a Díaz. Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, tiene contratos millonarios con la entidad a través de su empresa Gentech Argentina SA, auspiciante de Barracas Central, club ligado a Tapia. Además, la firma de seguridad de los hermanos de Menem también mantiene relaciones comerciales con la AFA.
Pese a la ofensiva judicial, el Gobierno mantiene una estrategia dosificada. Desde Balcarce 50 confían en que el escándalo desgastará a Tapia sin necesidad de una intervención directa, una medida que consideran riesgosa. El propio Milei evita la confrontación personal y la senadora Patricia Bullrich ha adoptado una postura más cautelosa, apelando a que sea la Justicia la que avance. La designación de un veedor de la IGJ en la AFA abre, no obstante, un escenario de mayor presión institucional sobre la entidad, mientras su exfiscalizador conduce ahora el organismo de control interno del Estado.
Autoridades del Hospital Garrahan y del Gobierno nacional dispusieron la desvinculación de once trabajadores, diez de ellos con tutela gremial, tras los sumarios administrativos por la ocupación de la Dirección Médica en octubre de 2025. La aplicación de las sanciones dependerá de decisiones judiciales en los casos con protección gremial.
La Justicia y el Banco Central analizan audios, teléfonos y computadoras de funcionarios en medio de una causa que indaga si hubo participación del organismo en un esquema para comprar dólares a precio oficial y venderlos en el mercado paralelo durante el cepo cambiario.
El abogado de las víctimas aseguró que las pericias informáticas demuestran la producción de contenido sexual infantil. Porcel, investigado por abuso de diez adolescentes, aún no fue indagado ni detenido.
El tesorero de la AFA intenta marcar distancia con Juan Pablo Beacon, su excolaborador, vinculado al gerenciamiento de Arsenal y operaciones con decenas de futbolistas. Un vocero dijo que lo apartó en septiembre.
El oficialismo confirmó que la reforma del Régimen Penal Juvenil será parte del temario de las sesiones de febrero, impulsada por el crimen de Jeremías Monzón. El dictamen previo proponía penas de hasta 15 años.
El brutal homicidio del adolescente en Santa Fe reavivó el debate. Fuentes oficiales confirmaron al medio Infobae, que impulsarán el proyecto en las sesiones extraordinarias de febrero, adelantando su tratamiento. La reforma propone reducir la punibilidad de 16 a 14 años.
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El Presidente regresó al país y enfocará sus esfuerzos en las negociaciones de la reforma laboral en el Congreso. Además, retomará su gira de contacto territorial con una visita a Mar del Plata el lunes.
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