Nota: Este resumen fue generado por una herramienta de inteligencia artificial y revisado por el editor y el autor de este artículo.
La Justicia federal y el Banco Central investigan a cinco funcionarios del organismo por presuntas complicidades en maniobras irregulares relacionadas con la compra de dólares al valor oficial y su venta en el mercado paralelo durante el cepo cambiario de 2022–2023. La causa, impulsada por audios y pruebas digitales como teléfonos y computadoras, analiza si los empleados violaron normas éticas y facilitaron el acceso a divisas oficiales a intermediarios financieros. Los funcionarios allanados continúan en funciones mientras avanzan las pesquisas judiciales y administrativas.
La Justicia y el Banco Central analizan audios, teléfonos y computadoras de funcionarios en medio de una causa que indaga si hubo participación del organismo en un esquema para comprar dólares a precio oficial y venderlos en el mercado paralelo durante el cepo cambiario.
La causa que investiga maniobras vinculadas con la compra de dólares al tipo de cambio oficial y su posterior venta en el mercado paralelo, conocido como dólar “blue”, se ha ampliado hasta incluir a varios funcionarios del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en la mira de la Justicia y de la propia entidad monetaria.
Los audios aportados a la causa, que incluyen conversaciones entre los financistas Elías Piccirillo, exmarido de Jessica Cirio, y Francisco Hauque, sugieren que la operatoria irregular, denominada en la jerga como “rulo”, implicaba el acceso a divisas a precio oficial durante la vigencia del cepo cambiario para luego comercializarlas en el mercado paralelo con márgenes millonarios.
La investigación judicial está a cargo del juez federal Sebastián Casanello y del fiscal Franco Picardi; en paralelo, el BCRA abrió un procedimiento interno para determinar si los funcionarios implicados violaron el Código de Ética del organismo o la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.
Entre los funcionarios del BCRA bajo investigación se cuentan Diego Volcic (inspector jefe de Supervisión de Entidades no Financieras), Analía Jaime y Romina García (inspectoras generales), Fabián Violante (gerente principal) y María Valeria Fernández (inspectora jefe). Todos fueron allanados y sus dispositivos electrónicos, computadoras y teléfonos, secuestrados para el análisis forense.
Los investigadores buscan establecer el alcance de la participación de estos funcionarios en las supuestas irregularidades, así como si existieron omisiones deliberadas o facilitaciones que beneficiaron a los financistas implicados. En uno de los audios difundidos, García menciona que “había gente de arriba entongada”, en referencia a posibles niveles de complicidad dentro de la estructura del organismo.
La maniobra investigada, que se habría desarrollado entre 2022 y 2023 durante la vigencia de restricciones cambiarias estrictas, requirió una coordinación entre casas de cambio, operadores financieros y presuntas facilidades internas para acceder a divisas oficiales. Documentos del BCRA incluyen sumarios que analizan operaciones de intermediarios como Arg Exchange, Mega Latina y Gallo Cambios, que habrían canalizado millones de dólares en ese periodo.
Aunque las pesquisas siguen en etapa preliminar, los cinco funcionarios implicados continúan en sus cargos mientras las investigaciones judicial y administrativa avanzan por separado. El BCRA indicó que la apertura del procedimiento interno no implica una sanción automática, sino la recolección de pruebas para eventualmente definir sanciones por incumplimiento ético o legal.
La causa se entrelaza con otras líneas de investigación que buscan determinar la red de operatorias financieras, su trazabilidad y el rol de distintos actores, tanto dentro como fuera de la entidad monetaria, en un esquema que habría movido cientos de millones de dólares durante un período de elevada brecha cambiaria.
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